Ana González. El Ayuntamiento del vecino municipio El Coronil ha aprobado por unanimidad una moción de Alcaldía que insta a la disolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una institución sumida en un profundo colapso económico. Además ha adelantado que de prolongarse esta decisión promoverá su salida del organismo, siguiendo los pasos del consistorio utrerano.
En declaraciones ofrecidas a Europa Press, el alcalde coronileño, Jerónimo Guerrero, dice entender que su relación con la Mancomunidad “está ya liquidada". El ayuntamiento adeuda exclusivamente 40.000 euros a la Mancomunidad y está dispuesto a "pedir la cuenta, ponerse al día y salir". Todo ello en el caso de que no sea consumada la disolución de la institución, tal y como ha recogido en la moción de Alcaldía aprobada en el último pleno.
De esta forma seguiría los pasaos del Ayuntamiento de Utrera, que ya aprobó en el pleno del jueves 19 abandonar el ente al que pertenece desde 1988. Los principales motivos que argumentaba el alcalde utrerano, Francisco Jiménez, no eran otros que el hecho de que Mancomunidad ya no presta servicio alguno a Utrera y el incremento de la deuda a pagar por el consistorio debido a la no disolución del ente. El alcalde afirmaba que ha llegado el momento de decir “basta ya, para que los utreranos no paguen lo que otros se gastan”.
En este mismo sentido, el concejal de Hacienda y portavoz del gobierno andalucista, José Hurtado, señalaba que esta decisión es un “ejercicio de responsabilidad, no sólo con nuestro municipio, sino con el resto de los integrantes y especialmente con los trabajadores y proveedores de la mancomunidad”. Además, con ella el consistorio utrerano pretende provocar una reacción por parte de la entidad, para que convoque al fin un pleno en el que tratar la disolución del ente, que ya fue anunciada el 22 de febrero.
Según el informe elaborado por la Intervención municipal la Mancomunidad posee una deuda de entre 30 a 40 millones de euros. Esto repercute en las entidades locales que la conforman, ya que cada mes que pasa sin que se afronte la disolución, los ayuntamientos tendrán que pagar 40.000 euros más por cada mes.
